El debate presidencial en Colombia quedó en suspenso luego de que el jueves venciera el plazo estipulado por el tribunal que lo ordenó sin que los aspirantes lograran un acuerdo entre sí. Si el tribunal definiera que hubo desacato de la orden judicial, los candidatos podrían ser sancionados.
En un tenso intercambio de cartas públicas, comunicados y trinos, el magnate de bienes raíces Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro aceptaron en un inicio ir al debate presidencial, pero no lo solicitaron formalmente de manera conjunta, según informó el sistema de medios públicos, entidad estatal encargada de realizarlo.
En la mañana del jueves, Hernández enumeró varias de sus condiciones para el debate. La más importante, que se realizara en Bucaramanga, al noreste del país, de donde fue alcalde y vive con su familia, argumentando razones de seguridad y facilidades de logística.
El exrebelde Petro accedió a viajar desde Bogotá y no propuso condiciones para el debate, solo detalló en una carta abierta que dejaba en manos del sistema de medios públicos todos los detalles, incluido el presupuesto. Horas más tarde, Hernández dijo por medio de un comunicado que tras vencer los términos el debate no se efectuaría y culpó a Petro por supuestamente no tener voluntad de asistir al no designar delegados ni exponer sus condiciones.
“Entendí la afirmación “nos vemos en Bucaramanga” como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial”, aseguró Hernández.
Un tribunal colombiano ordenó el miércoles a los dos candidatos a la presidencia asistir a un debate que sería difundido a nivel nacional a más tardar el jueves, cuando restaban cuatro días para que la apertura de las urnas y los colombianos elijan su próximo presidente en el balotaje. En su decisión, el tribunal amparó el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación y control del poder político.
Tras la respuesta de Hernández, Petro criticó la postura de su contendiente. “No puedo más que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”, escribió en Twitter. La discusión sobre hacer o no el debate presidencial se convirtió en un nuevo elemento de tensión en la campaña presidencial.
Como estrategia Hernández anunció que no asistiría a ninguno, mientras que Petro se mostró dispuesto y lo retó, aunque él mismo en la primera vuelta rehusó asistir a algunos cuando llevaba la ventaja en las encuestas.
El debate, según dijo el tribunal, lo debían solicitar y programar los candidatos de manera conjunta. Hernández fue específico en señalar un grupo de tres periodistas que considera deberían moderar la discusión y también puntos que se alejan de los programas de gobierno y se centran en temas polémicos como: “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables”.
Hernández, un magnate de bienes raíces que ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción y defiende la austeridad, aseguró que no destinaría “un solo peso” para costear los gastos del debate, por lo que increpó a Petro a disponer de sus “millonarios recursos”. El debate debía transmitirse por el sistema de medios públicos de Colombia que pertenece al Estado. “Usted dice que acepta el debate.
No es verdad. Usted se burla del debate, de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. No importa”, contestó Petro. La campaña presidencial está reñida.
Según las últimas encuestas permitidas por ley, hay un empate técnico, por lo que ambos candidatos buscan conquistar nuevos votos, sobre todo entre los indecisos y el voto en blanco. Tanto Petro como Hernández tienen discursos contra el establecimiento, ideas populistas y son críticos del actual gobierno del conservador Iván Duque.
