San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que su país registra una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, sin detallar la cifra exacta de muertes violentas en lo que va de 2023.
“Hasta este día, la tasa de homicidios anualizada de El Salvador es 1,8 por cada 100.000 habitantes. La más baja de toda América, por debajo de la de Canadá”, publicó Bukele pasada la medianoche en Twitter. El mensaje fue acompañado de una publicación de la Policía que señalaba que el martes cerró con cero homicidios.
Según datos oficiales, El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021. Sin embargo, las autoridades habían dejado de incluir en esta cuenta las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, dato que administraciones anteriores agregaban.
El país centroamericano registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Gobierno de Bukele.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, aprobado a finales de marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y que ha dejado más de 62.900 detenidos.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además de que la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.
Las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recogido más de 7.400 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias, mientras que, de acuerdo con Cristosal, se contabilizan 102 muertes de detenidos.
Bukele inauguró recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para unas 40.000 personas y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción.
La construcción de la prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
