Resalta la entrega de los fiscales en las múltiples audiencias por corrupción de esta semana, así como el empeño de los periodistas en cubrir los procesos que buscan erradicar la impunidad en el país
El procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó este viernes que la operación Antipulpo arroja una acusación blindada, al destacar que durante la audiencia preliminar los fiscales han aportado más de 3,000 pruebas en contra de los procesados por sustraer miles de millones de pesos a todos los contribuyentes.
“Hemos demostrado, no con argumentos, nosotros hemos demostrado con evidencias, que Operación Antipulpo es una acusación blindada y las defensas han venido con carabinas vacías y, por vía de consecuencia, habrá de suceder lo que nosotros hemos predicho, que este caso debe recibir auto de apertura a juicio para todos aquellos acusados que no han llegado acuerdos”, expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la prensa que lo abordó a la salida de la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Con relación a los que han llegado a acuerdos, dijo que debe resolverse ese tema en esta audiencia y que debe dictarse sentencia condenatoria con relación a los abreviados y suspensión condicional del procedimiento con relación a la persona que se acogió a este tipo de soluciones.
Resaltó que en el caso de las más de tres mil pruebas presentadas todas las defensas tienen que admitir que son suficientes y que se obtuvieron respetando los derechos fundamentales de los procesados. “Y los casos se ganan con pruebas”, reafirmó. “Este caso tiene pruebas más que suficientes, no solo para ir a juicio, sino para en juicio tener una sentencia condenatoria”, añadió.
El titular de la Pepca dijo que “dependiendo del tiempo que le dedique el tribunal a este proceso, es muy probable que estemos terminando el próximo mes”, al resaltar que las últimas jornadas han sido más extendidas, por lo que requirieron un mayor esfuerzo, tanto para los fiscales como incluso para los periodistas que cubren las incidencias de los procesos.
“Yo quisiera, primero, agradecerles a ustedes (a los periodistas), y agradecerle el haber cubierto una semana tan agitada, intensa… como esta semana, en la que hemos tenido audiencia de todas las operaciones: Operación 13, Coral, Coral 5G, Operación Medusa, Operación Antipulpo… e incluso tuvimos audiencia del Caso Odebrecht…”, indicó.
“Así que muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen para cubrir todos estos procesos”, añadió Camacho, al resaltar el rol que desempeñan los periodistas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Además de Camacho, el equipo que representó al Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, y los fiscales José Miguel Marmolejos, Ernesto Guzmán y Yoneiby González.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia preliminar del caso Antipulpo para el próximo lunes 23 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público, lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.
