Aunque en el año 2023 ha habido «grandes avances» en el sistema de justicia de la República Dominicana, especialmente contra la corrupción administrativa, emergieron «serias amenazas» que han contribuido a la impunidad y fueron evidente durante los 12 meses de este año.
Ahora la estrategia de la defensa de los imputados no es enfrentar los señalamientos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sino en dilatar los procesos penales con la única intención de lograr una aplicación literal del artículo 148 del Código Procesal Penal, que dispone que la duración máxima del proceso es de cuatro años; y del artículo 149 del mismo que indica, como sanción, la extinción de la acción penal cuando se alcanza dicho tiempo sin una sentencia al fondo en primer grado.
Así lo asegura el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en su balance del año 2023, que resaltó el caso Super Tucano, el cual, de acuerdo a la entidad, ha sido objeto de una decisión que declaró extinguida la acción penal por el vencimiento del plazo de duración máxima del proceso, en un caso donde la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), admitió el soborno y se comprometió al pago de las multas que prevé la ley.
«Esta decisión ha fortalecido la decisión de la defensa de los imputados de gran corrupción en otros casos, de limitarse a crear las condiciones a través de tácticas dilatorias, para que en esos casos también se pronuncie la extinción de la acción penal, sin que se haya ventilado el fondo de los casos, es decir, sin dar la oportunidad a que los jueces puedan valorar las pruebas de tales acusaciones y dictar sentencia sobre el fondo», dice el informe.
Y añade: «Cuando debido a lo complejo de un caso, un juez debe ampliar los plazos que dispone el Código Procesal Penal para facilitar la defensa de los imputados, esta extensión de los plazos no puede computarse en contra de la acusación. El artículo 299 del CPP otorga un plazo de cinco días a los imputados para ejercer su defensa ante una acusación, y ocurre que muchas veces este plazo se extiende, hasta por varios meses, debido a lo extensa de la acusación o al número de pruebas presentadas, para permitir a los imputados ejercer de manera efectiva su defensa, lo que es correcto siempre y cuando dicha extensión no se compute dentro del tiempo de duración máxima del proceso».
La responsabilidad de los jueces
En ese sentido, Participación Ciudadana entiende que el principal responsable de que la impunidad logre mantenerse a flote por la vía de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, «es el poder judicial; de manera específica, cada juez, pues su deber es administrar el proceso judicial de manera que se pueda hacer justicia, absolviendo o condenando, en un plazo razonable».
Agilizar el proceso
Indica que es responsabilidad de los magistrados vigilar que los procesos marchen a un ritmo razonable, evitando la llegada del plazo máximo de duración de los procesos sin que haya una sentencia al fondo por lo menos en primer grado. «En aquellos casos complejos, de criminalidad organizada, con multiplicidad de imputados, pruebas, abogados defensores y extensas acusaciones, donde se otorgan a los abogados defensores plazos más extensos que los ordinarios, lo que aprobamos pues contribuye a proteger los derechos de los imputados, pero también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana».
«Sabemos que corresponde a cada juez aplicar las reglas en forma razonable, pero entendemos que es obligación del Poder Judicial, organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuados, que les permitan gestionar los casos sin que penda sobre la cabeza de la sociedad la espada de Damocles en forma de la extinción del proceso penal por la llegada del plazo de duración máxima del proceso», considera el movimiento.
Participación Ciudadana entiende, además, que se ha avanzado en el fortalecimiento de las altas cortes. Tanto el Tribunal Constitucional, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral han realizado importantes esfuerzos que impactan positivamente los diferentes ámbitos de su incumbencia y contribuyen al mejoramiento del sistema de justicia. «Sin embargo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia seguimos aspirando a la reducción de la población de presos preventivos, la agilización de los procesos contra la corrupción administrativa y un mayor acceso de la población al derecho a la justicia«.
