No es fácil determinar la inversión dominicana en el sector turístico. Algunos de los grandes grupos empresariales han entrado en el sector como asociados de cadenas ya establecidas o a través de su participación en los bancos más activos en la financiación de los proyectos en marcha. Las cadenas internacionales, especialmente las españolas, abrieron a partir de los años 80 del siglo pasado el camino al apetito inversor local, que tardó en llegar (con algunas excepciones conocidas, como los pioneros de Puerto Plata y Punta Cana), pero que lo hizo con fuerza cuando decidió apostar por la industria de la hospitalidad.
Entre estos, el proyecto de Cap Cana, bautizada ahora como Ciudad Destino, despertó desde sus inicios el interés de los inversionistas por la ambición del proyecto y la belleza natural del enclave. No faltaron serias vicisitudes financieras que le llevaron desde las portadas de publicaciones internacionales especializadas, por su alianza con la familia Trump hasta la quiebra.
Años después, y tras una recuperación admirable, la Ciudad Destino se ha convertido en un puntal del Este dominicano, anfitrión de grandes conciertos y eventos deportivos, a la vez que un próspero punto de desarrollo turístico inmobiliario.
Pero había problemas en el paraíso. Aunque los rumores de desavenencias internas venían circulando desde hace meses, a principio de mayo corrió por grupos de redes sociales una carta que venía a confirmar la crisis interna. Una crisis que dolorosamente afecta al núcleo familiar Hazoury, impulsores del proyecto desde sus inicios.
Fechada el 6 de mayo, una misiva firmada por Abraham Hazoury denuncia “la intención de sustraer la operación de las áreas comunes del Proyecto Punta Palmera en beneficio de empresas vinculadas al presidente de Cap Cana“, Fernando Hazoury, a quien va dirigida la carta.
El escrito no deja de recordar que ya había sucedido una acción similar-de acuerdo al firmante- para entregar al mismo beneficiario el restaurante que operaba en playa Juanillo, siempre beneficiando a empresas relacionadas con el señor Benny Guevara.
La carta no ahorra detalles específicos sobre la complicada urdimbre de compañías relacionadas e involucradas en la propiedad y en la gestión del complejo. Ni faltan términos muy directos que retratan la tensión: “intento de abuso y atropello“, “torticera y abusiva maniobra“, “tristeza, vergüenza e indignación“, “acuerdos basados en el abuso y la pillería“, “intercambio de oro por espejitos“…
Una lucha interna que se ha hecho pública, por filtración intencional o no, y que no favorece ni a los propietarios, ni a los inversionistas y por extensión… al sector.
Starlift Limited
La anterior no es la única correspondencia filtrada.
Starlift Limited, en su calidad de propietaria del 30% de Miniari S.A.S., empresa propietaria de Cap Cana y cuyo accionista mayoritario es Abraham Hazoury, envía el 8 de marzo, dos días después de la carta anteriormente citada, una comunicación al presidente del Consejo de Administración de Miniari y de Cap Cana, Fernando Hazoury en parecidos términos y sobre el mismo asunto: la explotación comercial de áreas comunes y gazebos comerciales del complejo Punta Palmera.
Detalla esta carta que el señor Benny Guevara es “vinculado/asociado comercial de Fernando Hazoury“ y detalla las obligaciones estatutarias dirigidas a que los compromisos comerciales que se establezcan sobre dichas áreas deben ser aprobados en Asamblea.
En la carta se ennumeran todas las empresas ligadas al señor Benny Guevara especificando las que han concedido préstamos con garantía hipotecaria a Fernando Hazoury.
Punta Palmera es un complejo de 86 apartamentos de lujo en primera línea de playa privada distribuidos en suites de 1, 2 y 3 habitaciones, situado en el corazón de La Marina de Cap Cana. Esta es la descripción que se encuentra en una de las páginas de reserva. Para la venta, en una de las firmas inmobiliarias autorizadas a comercializarlas, se ofrece por ejemplo, un apartamento de 167 metros cuadrados, una habitación, en US$525,000. Todos los anuncios detallan una oferta de exclusividad y privacidad.
En su reclamo, Abraham Hazoury protesta (si no ya el hecho concretado) del riesgo de “entregarle a este personaje la operación del club de playa (de Juanillo), supuestamente de los propietarios, el cual ha convertido en una sucursal de la playa de Boca Chica“.
Empresas de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y locales han sido expuestas en este conflicto que ha generado, por el tono de las cartas, disputas accionariales y familiares serias que preocupan no solo a los propietarios del Punta Palmera.
