El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, dijo este miércoles que las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader sobre Haití tras la intención de desviar el río Masacre, son legítimas.
«Creo que las medidas que ha tomado el Estado (dominicano) son legitimas, no solamente en tema migratorio como lo ha venido haciendo, sino obviamente en temas de seguridad y de defensa como lo establece el Consejo de Seguridad Nacional», expresó Ramírez Villegas durante una entrevista en el programa Uno+Uno que se transmite por Teleantillas, Canal 2.
Sin embargo, entiende que el Gobierno dominicano solo debería sancionar a los empresarios que están llevando a cabo la construcción del canal, debido a que no es un tema intergubernamental.
«Sabemos que hay la voluntad para tratarlo, pero cuando entran intereses privados las cosas pueden llegar a complicarse», manifestó.
Ramírez Villegas dijo esperar que el sector empresarial haitiano sea sensato y tome las decisiones de identificar la mejor solución para los dos países en este momento crítico. «Desde el punto de vista técnico e hidráulico hay soluciones, y lo importante es dialogar sobre ellas, acordarlas y avanzar en su implementación», exhortó.
Las medidas sobre Haití
El presidente Luis Abinader ordenó el cierre total de la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, si a partir del jueves continúa la construcción del canal.
También suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso.
Reactivar la toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato.
Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
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