El Salvador se negó nuevamente a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las denuncias por detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y tortura.
La CIDH esperaba la presencia del estado salvadoreño en una audiencia pública que realizó tras la petición de varias organizaciones humanitarias a fin de conocer la situación en el país.
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“La CIDH lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador pese a que fue oportunamente notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación”, dijo al inicio del encuentro Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora de país para El Salvador.
La ausencia de representantes no fue sorpresa ya que esta es la segunda vez en los últimos meses que El Salvador no participa de estos actos ni coopera en brindar respuestas. El comisionado y relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, lamentó esta decisión del país caribeño.
Anteriormente, en junio, el organismo había organizado otra audiencia sobre el país en el marco del 184 Período de Sesiones de la CIDH, que se vio marcada por la ausencia de la representación estatal.
Estos llamados se dan en el marco del régimen de excepción vigente en el país desde marzo del corriente año, cuando el presidente Nayib Bukele dispuso una guerra contra las pandillas, en medio de la ola de violencia que se había desatado en el país. Desde entonces, se han dado múltiples detenciones, muchas de las cuales se sospecha que carecen de fundamento y que no se llevan a cabo bajo el velo de los derechos humanos.
“Someterse al escrutinio internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo parar tanto dolor, tanta injusticia que se está dando”, explicó en este sentido Mantilla.
Asimismo, reiteró el llamado realizado en oportunidades anteriores al país para que autorice una visita de la Comisión al territorio. “La Comisión está preparada para poder visitar El Salvador en el momento en el que el Estado nos lo autorice”, agregó.
El comisionado Joel Hernández agregó, por su parte, “la importancia de que exista una rendición de cuentas frente a organismos internacionales” para tener los “elementos de juicio para poder entender cuáles son los efectos de las medidas extraordinarias”.
Las preocupantes denuncias
El régimen de excepción, bajo el cual viven los salvadoreños desde principio de año, ya obtuvo siete prórrogas. Establece la suspensión de varias garantías constitucionales, por lo que se han realizado ya más de 55.000 detenciones, con más de 7.400 denuncias por atropellos a los derechos humanos.
Zaira Navas, de la ONG Cristosal, indicó que hay 2.144 presos por cada 100.00 habitantes, con un total de más de 94.500 reos. A su vez, remarcó que la capacidad de las prisiones -hasta febrero- era de más de 30.800 plazas.
En esta línea, las organizaciones humanitarias que solicitaron esta audiencia expusieron que El Salvador se convirtió en el país con la tasa más alta de detenciones en el mundo.
“La sobrepoblación y hacinamiento son descomunales e implican condiciones indignas, inhumanas y degradantes”, continuó Navas e indicó que son “miles de personas que han sido detenidas sin investigación previa, (…) muchas de ellas son inocentes”.
Asimismo, explicó que los detenidos carecen de otras cuestiones básicas como atención médica, especialmente en personas con VIH, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos.
Por su parte, Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso, indicó que las violaciones “más preocupantes” sobre los derechos humanos son “las detenciones arbitrarias, los hechos constitutivos de tortura y malos tratos, y la muerte de personas detenidas”.
Agregó que se han registrado casos de personas que han sido golpeadas por policías y soldados y han recibido denuncias sobre detenciones en las que “no se cumplen los requisitos mínimos” como contar con una orden y “se realizan sin evidencia de la comisión de un delito y sin respetar el debido proceso”.
“Hemos documentado casos que permiten concluir que, muy probablemente, el Estado salvadoreño está incumpliendo su obligación de cumplir y (no) tolerar la tortura, especialmente al interior de los centros de detención” a manos de custodios, pandilleros o reclusos, concluyó.
Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional, advirtió: “No conocemos una situación igual a la que está aconteciendo en El Salvador”.
Por todo esto, el comisionado Ralón dijo que la situación “dramática, alarmante y condenable pone en riesgo a que estas detenciones arbitrarias le puedan ocurrir a cualquier ciudadano” y ratificó que las denuncias de tortura son “muy claras”.
