La comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia las denuncias hechas contra miembros de la Cámara de Cuentas, está a la espera de la publicación del informe final, para definir si llevan a juicio político o no, al pleno del organismo fiscalizador, informó este jueves el diputado Rogelio Genao Lanza.
El legislador, quien es presidente de dicha comisión especial, indicó que la Cámara Baja ya ha cumplido con su rol hasta este punto, por lo que es necesario esperar ahora la publicación del documento, para conocer los próximos pasos a dar.
Asimismo, indicó que el informe final reseña faltas, tanto individuales como colectivas, por lo que se abrirán procesos tanto para el pleno, como para cada uno de los miembros de manera
Al ser entrevistado por los periodistas Adalberto Grullón y Starlin Montero, para el programa Uno Más Uno, Genao Lanza informó que durante las investigaciones pudieron comprobar algunas de las denuncias internas hechas por parte de los miembros de la CCRD, así como otros descubrimientos que saldrán a la luz pública en los próximos días.
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Asimismo, resaltó la necesidad de que modifique la Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas, ya que, según indica, se debe definir aún más los roles de cada uno de los miembros, para que no se reputan los problemas internos que han sido noticias en los últimos meses.
“Hay aspectos de la ley que han contribuido a los conflictos interno donde no se deja claro una posición de mando, las responsabilidades de cada quien, donde a veces hay una especie donde todos son jefes, no hay un orden claro”, sentenció el diputado.
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Rogelio Genao ve prudente además, que se modifiquen los parámetros para la escogencia de los miembros de la CCRD, ya que actualmente cualquier persona que cumpla con los requisitos mínimos debe ser evaluado por el Congreso, lo que a su juicio, en algunos casos, representa una pérdida de tiempo, ya que algunos sólo presentan currículos robustos pero sin experiencia.
La Ley de Cámara de Cuentas, que da vida al organismo encargado de fiscalizar las finanzas del Estado, establece que es la Cámara de Diputados quien tiene la facultad de escoger y enjuiciar al pleno, por lo que, de ser aprobado un Juicio Político, pasaría a manos del Senado, quien fungiría como juez.
Por las acusaciones y conflictos internos, los miembros de la Cámara de Cuentas pudieran ser destituidos en su totalidad, si se llegasen a comprobar las faltas, de las que se acusan unos con otros.
