El Ministerio Público incorporó este martes nuevas pruebas en el caso Coral y Coral 5G, contra los policías y militares acusados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
Entre las evidencias figura la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, en la cual se establecen alegadas irregularidades en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), desde 2012 hasta 2020.
Según confirmó el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Jonathan Pérez Fulcar, en las auditorías se verificó que «el coronel Rafael Núñez de Aza y otros miembros del CESTUR figuraban en la nómina del CONANI, bajo la estructura liderada por el general Juan Rafael Torres Robiou, cobrando viáticos y otros beneficios, por el ejercicio de funciones administrativas, sin autorización del Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República».
De acuerdo con la acusación, el coronel Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por Adán Cáceres para defraudar dinero del erario, desde las tres instituciones desfalcadas: CUSEP, CONANI y CESTUR.
Pérez Fulcar también indicó que el informe del CUSEP revela un desfalco millonario a través de la manipulación de la nómina, corroborando las declaraciones del mayor Raúl Alejandro Girón sobre los gastos en inteligencia y compras de raciones realizadas sin los debidos soportes. Además, el magistrado aseguró que las pruebas presentadas son contundentes.
En respuesta a los alegatos de insuficiencia de pruebas por parte de la defensa, el Ministerio Público reiteró que en cada etapa de este proceso se ha demostrado la responsabilidad de los acusados, quienes fueron sometidos a prisión preventiva y enviados a juicio de fondo, donde se espera que reciban condenas ejemplares.
Anomalías identificadas en el CUSEP
Dentro de las anomalías identificadas está la ausencia de estados financieros y la falta de registro en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) y la sustracción de recursos a través de las nóminas. Así como pagos a personal que no labora en la entidad y a empleados de otras instituciones del Estado.
Además, Paulino García destacó que se identificaron pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionarios de la entidad, por un valor de RD$121,926,235 y se constató la falta de contratos formales en los procesos de compras y contrataciones, lo que, junto a la inexistencia de un Sistema de Inventario de Materiales y Suministros y de la función de Auditoría Interna, expone las graves debilidades en el control interno de la entidad, durante el período analizado.
La auditoría también reveló que se realizaron pagos sin cumplir con los procesos de selección establecidos por la ley, además de numerosos desembolsos sin respaldo de facturas. Mientras que la distribución de combustible y raciones alimenticias se llevó a cabo sin las reglamentaciones internas necesarias.
La audiencia de caso Coral y Coral 5G fue recesada para el próximo viernes 6 de septiembre, para dar continuidad al contrainterrogatorio de Ledy A. Paulino García por parte de la barra de la defensa.
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