De comprobarse las irregularidades en los documentos utilizado por Transcore Latam para la adjudicación del contrato suscrito con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sobre la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, la empresa pudiera ser inhabilitada de manera permanente en el Registro de Proveedores del Estado.
Según explicó el abogado Francisco Álvarez Martínez, experto en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, la confirmación de los hallazgos también abriría otra rama de responsabilidad, que pudiera involucra a los funcionarios públicos participantes.
«Si el documento utilizado para la adjudicación es declarado falso, ya sea por un tribunal penal, en caso de que una de las víctimas de esa falsedad actué en esa forma, o de acuerdo a la ley de Compras y Contrataciones (340-06), evidentemente, también se abre otra rama de responsabilidad que pudiera involucra a los funcionarios públicos que estuvieron participando. Es decir, el Estado puede atacar a la empresa, que entre comillas lo engañó, y también puede atacar a los funcionarios, en caso de que se compruebe de que fueron parte de ese esquema que facilitaron ese engaño«, expresó el jurista a «El Informe» con Alicia Ortega.
«Toda documentación que sea presentada en el marco de un proceso, y que represente una idea o realidad distinta a la que se le requiere o sucedió, puede ser considerado posteriormente, ya sea por la administración o un tribunal de justicia apoderado, «falsa», agregó Álvarez Martínez.
De su lado, Miriam Díaz, miembro de Participación Ciudadana, dijo: «Solo el hecho de que esa empresa internacional, con toda esa experiencia que tiene, haya sido tomada para utilizarla ilegalmente en ganar un concurso nacional, eso constituye un fraude y las personas que hicieron eso deberían ir presos«.
Además, consideró que ahí debería desprenderse un expediente judicial contra la persona correspondiente por falsificación.
«Eso no debe olvidarse, porque esto no es un negocio de particulares que se van a poner de acuerdo, sino un negocio que involucra al Estado dominicano, y el gobierno actual ha estado abanderado en el tema de la transparencia, anticorrupción, integridad y honestidad, por lo que tiene que dar un ejemplo con un caso como este, que es bien grave«.
Envían caso al MP
Ayer lunes, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que remitirá ante el Ministerio Público los hallazgos en la licitación para la adquisición de semáforos inteligentes, ante las graves irregularidades, por las cuales anuló el contrato por RD$1,300 millones entre el Intrant y Transcore Latam.
«Por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos», sostuvo la DGCP.
Carlos Pimentel, titular de la institución, indicó en rueda de prensa que los hallazgos serán remitidos a los fines que en la Procuraduría, “se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.
El funcionario adelantó que de forma administrativa la empresa citada será sancionada y que el proceso se ha estado llevando junto a la Contraloría.
“Producto de los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas, hasta este momento, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el órgano rector estará agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas, acordes con la naturaleza de las irregularidades y hechos que se mencionan en estas resoluciones”.
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