Bunel Ramírez Merán, abogado de la coronel Ysabelita de los Santos Pérez, aseguró hoy que con el dictamen del magistrado del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional “se legitimó el juez y legitimó la justicia”.
En ese mismo orden, el veterano jurista se retractó de cualquier “imputación que nosotros hayamos hecho creyendo que no sería imparcial”.
Las palabras de Bunel Ramírez a periodista del periódico HOY Digital, surgen en el contexto planteado en noviembre de 2022 en el que se recusó al magistrado Raymundo Mejía por la relación de amistad que mantiene con Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo y parte de la barra acusadora en el caso Canódromo.
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“Contrario a nuestro parecer al principio del proceso con respecto a que el juez no sería imparcial y que creíamos que daría una decisión apegada a la amistad que le une con el doctor Roberto Quiroz, que es parte de la defensoría del pueblo, el juez demostró lo contrario y dio una decisión absolutamente apegada al derecho, demostró imparcialidad y nosotros saludamos esa actitud positiva del juez”, expresó Ramírez Merán a este medio.
Durante la audiencia de ayer, el juez Raymundo Mejía dicto un Auto de No Ha Lugar a favor de Ysabelita de los Santos por no comprobarse su participación en la supuesta agresión al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en abril de 2022.
Asimismo, fueron favorecidos con la disposición del juez los señalados Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino, a quienes tampoco se les comprobó participación en los hechos que le imputan el Ministerio Público y la parte querellante.
Mientras, irán a juicio de fondo Nataniel Javier y Starling Ramírez Sierra, por presuntamente violar artículo 309 del Código Penal.
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Se recuerda que Pablo Ulloa junto a miembros de la defensoría del pueblo se presentaron a las instalaciones del Centro de Retención Vehicular o “Canódromo El Coco”, espacio de custodia policial de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), por supuestamente haber recibido denuncias sobre mal manejo a lo interno de esa entidad en perjuicio de ciudadanos.
