La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anuncia que planteó que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.
Boluarte remarcó que «legalmente los tiempos calzarían» para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron «reajustes» que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.
«Haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución», enfatizó la presidenta.
Agregó que, como jefa de Estado, tiene «que ser responsable y decir que estos tiempos no dependen» de ella, «sino del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones».
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Poderes del Estado respaldan a Boluarte y piden «restablecer el orden»
El Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, ha expresado este miércoles su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y ha pedido «restablecer el orden público» en el país, convulsionado por una grave crisis política y social.
En un comunicado difundido por la Presidencia de Perú esta madrugada, el Consejo señala que «respaldamos al gobierno constitucional para restablecer de inmediato el orden público dentro de los parámetros que exige un Estado Constitucional y democrático de derecho con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas».
Este organismo está conformado por los presidentes y máximos representantes del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Jurado Nacional de Elecciones.
Perú afronta desde el fin de semana pasado una escalada de protestas y manifestaciones violentas, que en numerosos casos han desencadenado en actos vandálicos, que han dejado hasta el momento siete fallecidos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, además de unos 130 policías heridos.
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Las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos
El ministro de Defensa, Álberto Otárola, anunció este martes que el gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones, desatadas por el fallido golpe de Estado que motivó la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, el Consejo de Estado ha expresado su rechazo a «los actos y medios violentos que ponen en peligro la vida e integridad de peruanos y peruanas, que afectan la propiedad pública y privada, así como la adecuada prestación de los servicios públicos, los que serán materia de una diligente investigación a cargo del sistema de justicia».
También pide a la población que «canalice sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto promoverá el Poder Ejecutivo».
Sobre las protestas, el ministro Otárola ha denunciado que son una «asonada atizada por profesionales que han trabajado» para conseguirlo «desde hace mucho tiempo» y ha advertido de que tienen «plenamente identificadas a las personas que están trabajando contra el estado de derecho en el país».
48 horas más de prisión para Castillo
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
«Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos» del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.
Tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho «a la medianoche», señaló que iba a reprogramar la audiencia para las 08.30 hora local (13.30 GMT) del jueves.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Detalló que «de conformidad» con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva «la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas»
Castillo pide a la CIDH que interceda por sus derechos
El expresidente peruano reclama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a «coactar» (sic) su libertad.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.
En el breve mensaje manuscrito, que además fue transcrito en un mensaje de Twitter, también hizo «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país» y envió «millones de gracias» a los peruanos «por su cariño y apoyo».
La Fiscalía de Perú pidió esta madrugada 18 meses de prisión preventiva para Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
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