Las sociedades de comercio Yupa y Paraíso Tropical negaron haber bloqueado el acceso a las inmediaciones de la playa Cabeza de Toro, Punta Cana, como indicaron las autoridades al realizar un operativo en donde retiraron dos garitas de seguridad que se encontraban instaladas en la zona.
En el operativo, realizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), fueron incautados varios vehículos de una compañía de seguridad contratada por la empresa y que se encontraban apostados en la zona.
Felipe Echavarría, abogado de Yupa y Paraíso Tropical, dijo que las medidas de seguridad fueron acordadas entre las empresas, (que desarrollan un proyecto turístico en la zona) con los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, según Diario Libre.
“Nosotros dejamos pasar a todo el mundo, pero a pie, porque hay un acuerdo institucional entre Turismo y Medio Ambiente de resguardar el área protegida de la playa y hay una resolución de no tránsito de vehículos por las arenas”, añadió haciendo alusión a una resolución de 2012, emitida durante la gestión en Turismo de Francisco Javier García.
El abogado atribuyó el inconveniente a una litis judicial que tienen las empresas con dos personas que fueron desalojadas de la zona por no tener la documentación que los avalara como dueños del terreno. El desalojo fue realizado tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, entidad que falló a favor de Yupa y Paraíso Tropical.
“La empresa Yupa es propietaria de la parcela 67-B-10, ubicada en Higüey, fue adquirida por compra en 1987. En el año 1999, mediante superposición, se crearon dos parcelas nuevas encima de la parcela propiedad de Yupa, mediante títulos falsos que fueron desestimados en los tribunales. Posteriormente se le intimó (a la parte contraria) para la entrega voluntaria y ante la negativa se efectuó un desalojo”, indicó.
Echavarría manifestó que la empresa Yupa se reunió con miembros de la Procuraduría General de la República, Medio Ambiente y representantes de los desalojados en lo que fue denominado por las autoridades como una “vista de orientación”.
“Al parecer (las autoridades) estaban desinformadas porque decían que esas garitas eran permitidas si se tenía un proyecto turístico y que ahí (en el terreno) no se estaba haciendo nada. Cuando depositamos la permisología, se quedaron sorprendidos”, agregó.
Sostuvo que en el encuentro se informó que el operativo realizado en Cabeza de Toro se originó tras varias denuncias de los desalojados de que Yupa y Paraíso Tropical impedían el acceso a la playa a los transeúntes sin tener un proyecto ni los permisos requeridos.
Tras el encuentro la Procuraduría solicitó a ambas partes depositar las documentaciones que sostengan sus posturas en un plazo de 10 días. Echavarría indicó que se llevará a cabo un proceso a parte para la empresa de seguridad afectada con la incautación de vehículos, que deberá presentar ante las autoridades el contrato que tiene con las sociedades de comercio.
