Los Haitises, Cotubanamá, Cabo Samaná, Cabo Cabrón y Rincón son algunas de las áreas protegidas más empleadas por las casas productoras como locaciones para la filmación de diversos proyectos audiovisuales en el país, una actividad que no solo busca afianzar más la posición de la nación caribeña como destino para esa industria, sino dejar beneficios a las comunidades cercanas a los espacios.
Durante el periodo marzo-agosto de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente ha recaudado más detres millones de pesos por las solicitudes de permisos para rodaje en espacios protegidos, fondos que posteriormente pasan a la cuenta única del Estado, de acuerdo a lo informado por Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Máximo Viñas, encargado Departamento de Ecoturismo y Uso Público.
Se recuerda que en marzo pasado el Medio Ambiente firmó un acuerdo con la Dirección General de Cine (Dgcine) para simplificar y unificar la emisión de permisos y las tasas otorgadas por las autoridades para filmaciones en áreas protegidas. A través de la resolución número 0009-2022 se establecen las tarifas para producciones audiovisuales con fines comerciales, la cual detalla que por las filmaciones en estas áreas se deberá pagar las siguientes tarifas: 5,500 pesos por día (De 1 a 90 días) y 10,500 por día (De 91 días en adelante).
“Nuestra debilidad era la velocidad de respuesta. A veces un permiso de una solicitud de una empresa grande podía durar hasta tres meses”, manifestó Franco.
Sostuvo que tras el acuerdo, evaluaron el proceso para obtener el permiso y llegaron a la conclusión de que los trabajos se duplicaban a lo interno del Ministerio, según Diario Libre.
“En el acuerdo se evaluó una tabla de los valores que costaba cada filmación y se garantizaba que las infraestructuras a utilizar fueran lo más sostenible posible y aquellas con más riesgo, costaban más”, añadió.
En tanto que Viña indicó que, tras corregir la duplicación de los procesos, la aprobación de un permiso para el rodaje en un área protegida puede tomarse unos 10 días.
Ambos funcionarios expresaron que, actualmente, el Ministerio trabaja con hasta seis solicitudes para filmaciones en la semana, incluyendo realitys, películas o documentales.
“Eso quiere decir que tú puedes tener en el país unas 50 filmaciones al año”, dijo Franco, con quien coincidió Viña agregando que la rapidez en el servicio “garantiza la inversión extranjera”.
«Una película que se filme en un área protegida usa muchos recursos de la comunidad: alimentación, estadía, hasta extras, hay mucha mano de obra y deja mucho movimiento económico en la comunidad colindante al área protegida”, sostuvo el viceministro de Áreas Protegidas.
Los funcionarios citaron el caso de una filmación realizada en el Parque Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia, que tras ser culminada, la compañía productora remozó un puente de madera en la zona. Informó que otra productora realiza actualmente un gran muelle en una localidad del país; la obra permanecerá en la comunidad tras el rodaje.
“Hay otra productora que se acercó a la comunidad para pedir a los lugareños qué necesitaban para ellos donárselos”, indicó Viñas, quien agregó que, si bien el beneficio a las comunidades es esencial, vigilan que “el impacto al área protegida sea cero”, lo que motiva la aprobación de una evaluación previa.
