Cientos de personas afirmaron ser víctimas de una estafa con la promesa de un contrato de trabajo en los Estados Unidos.
Los denunciantes explicaron a El Informe con Alicia Ortega que algunos de ellos han perdido hasta sus casas, ya que tuvieron que hipotecarlas para poder reunir las sumas cuantiosas de dinero, entre 1,600 y 4,200 dólares, que debían entregar a la empresa Work Source Staffing LLC, con Omaly Zapata a la cabeza, para aplicar al empleo.
«Ese dinero lo adquirí a base de sacrificios. Tenía un motor, lo vendí. Jugué varios ‘sam’. Soy mecánico, y para juntar 158 mil pesos, no es fácil. Mi hermana me prestó un dinero, que aún le debo», dijo Edwin Montero, una de las presuntas víctimas.
Continuó diciendo: «No me digan que una señora con más de 100 querellas va a salir del país, y esa mujer entraba y salía cada vez que quería. Ella nos dijo que aquí en Santo Domingo no caería presa, que hiciéramos lo que quisiéramos».
Otro de los «estafados» es Jancel Mieces, quien dijo enterarse de la añorada travesía por un amigo. «Él me habló y fuimos e hicimos la entrevista con ellos (representantes de Work Source Staffing LLC), por la cual también cobran 2,500 pesos. Después de la entrevista, dicen que hay un lapso de tiempo para otra entrevista más, que hay que pagar 3,500 pesos», expresó.
Mieces agregó que un conocido investigó si la entidad era real y que no aparecieron registros de la misma en Estados Unidos, pero que aún así cayó en la estafa por «cabeza dura».
«Esa red la tenían formada ella y su familia, porque luego nos enteramos que en esa empresa todos los que estaban ahí eran familia de ella, incluyendo a su madre, Nancy Disla; su tía, Fior; y su prima, Marierys, quienes eran las que nos recibían en todo momento y se encargaban de decir todas las mentiras, de dar los supuestos recibos y las supuestas respuestas», añadió otra afectada, cuya identidad no quiso revelar.
Además, las presuntas víctimas manifestaron que a pesar de querellarse ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, nueve meses después el proceso judicial permanece en el limbo.
«Ella (Omaly Zapata) fue a una segunda vista que tuvimos, donde no obtuvimos ningún resultado, porque el fiscal que tenía el caso en ese entonces dijo que los documentos no estaban legibles. Es decir, los comprobantes que nosotros (los denunciantes) teníamos no estaban legibles y se dio un plazo para que volviéramos a depositar la documentación y así luego volver a hacer la investigación con lo depositado, cosa que nunca pasó», afirmó una querellante.
«Nosotros no hemos recibido ninguna respuesta ni de la fiscalía ni de parte de ella», añadió.
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