Solo una de las 8 personas físicas imputadas en la Operación Gaviota, por presuntamente integrar una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, no fue enviada a prisión preventiva, como solicitaba el Ministerio Público (MP).
Se trata de Lucía Martínez Colón, a quien la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.
Según explicó unos de los abogados querellantes, la magistrada tomó la decisión tras entender que la imputada fue utilizada por su sobrino, Rafael Martínez Colón, el cual deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres.
«(Lucía Martínez Colón) es la única que la magistrada entendió que fue utilizada por Rafael, porque es una tía que se dedicaba hacer las labores de limpieza en la compañía Investor Winner. Ella (la jueza) tomó eso en consideración y le impuso lo que es una garantía económica ascendiente a un millón de pesos bajo modalidad de contrato. También impedimento de salida del país y presentación periódica», dijo el jurista.
Otros imputados
Además de Lucía Martínez Colón y Rafael Martínez Colón, en el caso Gaviota se vincula a Rafael Martínez Batista, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez, quienes guardará la medida cautelar en el CCR17 Najayo Hombres. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.
Acusación
Según estable el Ministerio Público, la supuesta organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
«La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas», sostiene el órgano persecutor.
Agrega que por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Asimismo, indica que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
«Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas», dijo el MP.
Añade, además, que hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
«Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país», afirma el organismo de justicia.
«Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron sus casas y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner», manifestó.
El Ministerio Público señaló tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y otra parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.
En la investigación participaron, en su primera etapa, fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación, parte de los fiscales de las unidades del Ministerio Público que solo trabajan casos de criminalidad organizada, entre ellos, Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
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