A partir de agosto de este año 2022 el Gobierno comenzará a regular las plataformas tecnológicas que facilitan la oferta de inmuebles para alojamiento de renta corta a turistas y particulares en el país, como el modelo Airbnb que acapara el 95% de las negociaciones del referido tipo.
El ministro de Turismo, David Collado, informó que se estarán evaluando las primeras medidas para regular todo tipo de negociaciones que involucren el alquiler de casas, apartamentos, cabañas y todo tipo de espacio para esparcimiento o para alojamiento vacacional de temporada.
“Ya la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene un borrador sobre el mecanismo que usará el Gobierno para regular y gravar las operaciones del modelo de alquiler con mecanismos digitales” y, de hecho, “ya hizo vista pública”, declaró Collado a Diario Libre.
Hace, aproximadamente, tres meses que el ministro de Turismo se pronunció sobre el interés de regular ese renglón del sector bienes raíces, no solo para regular la competitividad del mercado, sino para impulsarlo como turismo inmobiliario.
En ese sentido, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) no considera que el alojamiento de renta corta por plataformas sea una competencia para el sector hotelero.
Sin embargo, resaltan que se enfrentan a una competencia desleal, debido al incumplimiento de normas de salud, seguridad, entre otras, que se les exige a los hoteles.
La falta de regulación abre camino a “una oferta ventajosamente más barata por no tener que cumplir con estas exigencias que sí cumplen los hoteles y, por ende, coloca un techo al precio por habitación que se puede colocar al producto”, expresó Andrés Marranzini, vicepresidente de Asonahores.
Destacó los avances de la DGII en el marco normativo para organizar ese tipo de negocio que crece sin regulación y señaló que lo importante a contemplar es que no se produzcan, en la medida de lo posible, distorsiones en la oferta y que provoquen efectos no deseados en un modelo o en otro.
Asonahores realizó un levantamiento en 2019 sobre los modelos de oferta y demanda de inmuebles para renta corta por internet de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Barcelona, España, Holanda, Inglaterra, Francia y República Dominicana por nivel de riesgo para los clientes. República Dominicana alcanzó los niveles más altos de riesgo y vulnerabilidad por incumplimiento de varias leyes, entre ellas violación a la ley de turismo y obligatoriedad de licencia turística para renta habitacional.
Partiendo de los datos publicados, Marranzini aboga por que los entes reguladores evalúen los mecanismos de países que han regimentado con éxito ese renglón inmobiliario para aplicar un régimen “quizás no tan amplio como a los hoteles, pero un paso en esa dirección es garantía a futuro de la marca y destino que vendemos”, acotó.
Además, indicó que el país requiere contar con una amplia oferta de alternativas para el turista.
“La realidad es que los públicos son distintos y para los turistas un destino debe tener un abanico de ofertas por lo que ambos modelos deben coexistir sin problema, regulados y sin provocar distorsiones agresivas de precios por la falta de exigencias”, dijo.
Acotó que en Baleares y Canarias hay movimientos en ese sentido, es decir, precedentes en mover hacia atrás luego de ser pioneros en la proliferación del modelo de plataformas.
La realidad es que más de 300 ciudades en el mundo regulan las plataformas, con modelos distintos, pero pagan tributo por la venta del servicio, asumiendo su responsabilidad como agente de retención.
Las propiedades para ofrecerlas como inmuebles de alquiler deben estar registradas y autorizadas para eso y, por supuesto, con controles de registro en formatos distintos de los huéspedes que entran y salen de las propiedades, puntualizó el empresario.
Otro riesgo que representa el alquiler de inmuebles para estadía de paso por canales digitales es que el propietario no tiene manera de evaluar al cliente que le va arrendar el espacio, por lo que se arriesga a que incumpla normas de condominio, en caso de que la propiedad esté en zona residencial o proyectos habitacionales para viviendas.
En ese contexto, Asonahores especifica la necesidad de dividir el modelo en las ciudades y áreas residenciales cuyo impacto de riesgo es aun mayor, por temas de seguridad, de costos y el cambio de dinámica en esas zonas residenciales.
“Las zonas residenciales donde se impone la venta de residencias para estos modelos van empujando el precio de la vivienda, sacando familias que ya no soportan esos incrementos, y deciden no vivir en esas zonas”, dijo Marranzini.
Añadió que, según experiencia de otros países, resulta casi imposible que se pueda implementar un ritmo de vida tradicional mientras en el entorno se evidencia la entrada y salida de personas desconocidas que responden a costumbres diferentes.
Sobre el tema, argumentó que hay países que han limitado con ciertas normas y reglas ese tipo de coexistencia. “Vemos algunos que no permiten la mezcla de residencias y turistas, otros que designan zonas exclusivas de residentes, etc. En zonas turísticas ya es un poco más complejo, pero también están regulados mínimamente”, dijo.
