El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán aseguró este miércoles que no era el momento para la promulgación de la Ley 1-24 que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) bajo una misma sombrilla, porque puede crear ruidos innecesarios en medio de una campaña electoral.
Indica que aunque fue consultado y algunas de sus sugerencias fueron tomadas en cuenta para la conformación de la pieza legislativa, hay aspectos que pudieran prestarse para interpretaciones diversas, como ha sucedido con la preocupación externada por la Sociedad Dominicana de Diarios, sobre posibles ambigüedades en la referida ley.
“Yo pienso que lo viable sería que el Ejecutivo y la consultoría Jurídica, habiéndolo estudiado y entendido que procede por ejemplo, remitir alguna modificación a la legislación, bueno pues que se haga. Porque al fin de cuentas esta es una ley que es única y exclusivamente para lo que tiene que ver con la seguridad nacional”, indica Servio Tulio.
Indica que hay aspectos exagerados que deberían ser analizados, como el catálogo de sanciones, que establece de dos a tres años de prisión para quienes se nieguen a brindar información solicitada por las autoridades competentes.
“Desde el punto de vista del derecho comparado, yo creo que es excesivo el régimen de sanción. El DNI tampoco es un órgano de persecución, el órgano de persecución es el Ministerio Público… (aunque) tú tienes que establecer sanciones sí”, señala.
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Afirma que durante el proceso de consultas para la construcción de la ley, fueron muy pocas las instituciones que le dieron seguimiento a este tema, pero ya con su promulgación, quedaría hacer los ajustes necesarios para fortalecerla.
Problema en el Colegio de Abogados
Durante una entrevista para el programa Uno+Uno, el jurista indicó que ha preferido mantenerse al margen en relación al conflicto interno que atraviesa el Colegio Dominicano de Abogados (CARD), tras las elecciones internas que mantienen divididas dos fracciones del gremio.
En ese sentido, indica que las vías utilizadas para estos casos estarían llegando hasta el Tribunal Constitucional, quien tendrá el primer gran reto luego del posicionamiento de cinco jueces a mediados del mes pasado y dentro de los que se incluye al propio presidente de esta alta corte Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
“El Tribunal Contencioso Administrativo decidirá quién tiene la razón, que dicho sea de paso, esa decisión también va a terminar en el Constitucional (como lo ocurrido con el fallo del TSE), porque si yo fuera la parte que fuera perjuiciosa en ese proceso, voy a alegar que se me violaron derechos fundamentales”, indica.
Sin embargo, entiende que esta situación deja al CARD en un vacío institucional, ya que las altas cortes se toman su tiempo, pero las responsabilidades del gremio continúan sin una cabeza que dirija.
