El Tribunal Constitucional (TC) ha estado en el centro de la la opinión pública, a propósito de la escogencia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de los cinco jueces que sustituirán a los magistrados que ya cumplieron su periodo al frente de la alta corte.
El TC es el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento e interpretación de la Carta Magna dominicana, lo que la revierte de una vital importancia para el sistema democrático y legislativo nacional.
Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien asumirá como presidente del tribunal, así como Fidias Aristy, Amaury Reyes Torres Sonia Díaz y Army Esperanza Ferreira tendrán el reto de continuar los pasos de los salientes magistrados, quienes abandonan los cargos con una alta tasa de aprobación de parte de todos los sectores.
Pero ¿qué es el Tribunal Constitucional? A continuación, te lo explicamos con las informaciones colgadas en su portal.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la Constitución de fecha 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.
Para poder dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, las decisiones que dicta el Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee autonomía administrativa y presupuestaria.
Tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, pero puede sesionar en cualquier otro lugar de la República Dominicana.
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Integración
El Tribunal Constitucional está compuesto por trece miembros que se denominan jueces del Tribunal Constitucional, quienes permanecen en su cargo por un único período de nueve años. La Constitución y la Ley núm. 137-11 establecen un mecanismo para la renovación gradual de la composición del Tribunal Constitucional cada tres años. Actualmente, los jueces del Tribunal Constitucional son:
- Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente
- Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto
- Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto
- Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez
- José Alejandro Ayuso, Juez
- Alba Luisa Beard Marcos, Jueza
- Manuel Ulises Bonnelly Vega, Juez
- Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez
- Domingo Antonio Gil, Juez
- María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza
- Miguel Aníbal Valera Montero, Juez
- José Alejandro Vargas Guerrero, Juez
- Eunisis Vásquez Acosta, Jueza
Designación
Los jueces del Tribunal Constitucional son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Competencia material del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer en única instancia:
- las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;
- el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo;
- los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares;
- los recursos de revisión que se interpongan contra las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, y en los casos previstos por la Ley 137-11;
- los recursos de revisión que se interpongan en relación con sentencias dictadas en materia de amparo.
Su misión
“Garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado social y democrático de derecho”.
Su visión
“Ser un órgano al servicio de la sociedad, de reconocida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la Constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas”.
