Las interioridades de la “visita” hecha la Procuradora General de la República Mirian Germán Brito y la fiscal adjunta titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice a la Cámara de Cuentas en abril pasado, no se han ventilado, aunque la misma causó un sinfín de especulaciones y dudas, que aún persiste en una gran parte de la población.
La visita, se produjo en momentos en que la CCRD presentaba una auditoría a la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), en el periodo 2013-2017, bajo la tutela de Diandino Peña, lo que generó suspicacia, aunque para algunos, pudo haber sido en busca de respuestas sobre las supuestas irregularidades que hoy se ventilan en los medios de comunicación.
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Al ser cuestionado sobre este tópico, durante la entrevista exclusiva para el Periódico Hoy, concedida a la periodista Millizen Uribe, el presidente del organismo fiscalizador Janel Ramírez aseguró que esa visita se debió al intercambio natural que se da entre ambas instituciones.
“Nosotros tenemos la obligación, conforme al artículo 10 numeral 10 de la Ley de Cámara de Cuentas, de trabajar y de colaborar con los organismos que luchan contra la corrupción”, aunque no especificó si trataron algún tema o auditoría en específico.
En ese sentido, Millizen Uribe le preguntó si hubo alguna solicitud de auditoria en específico, a lo que el titular del organismo respondió que “no se fue a tratar nada de eso (en esa visita)”.
Sin embargo, el pasado año Janel Ramírez fue acusado por dos empleadas de la institución de acoso, denuncias que fueron investigadas, aunque sus resultados jamás salieron a la luz.
Se recuerda que la acusación contra Janel Ramírez fue depositada directamente en la Procuraduría General de la República (PGR) y que en su momento la misma Yeni Berenice dirigió los interrogatorios y entrevistas a los testigos de la acusación contra el presidente de la Cámara de Cuentas, quien también fue entrevistado.
Actualmente, los miembros del pleno de la CCRD se encuentran en un proceso de interpelación por parte de una comisión especial de la Cámara de Diputados, que pudiera terminar con un juicio político para poner fin al mandato del pleno, gestión empañadas por escándalos y denuncias internas, que han mermado la función para la que fueron escogido según sectores.
